Una familia del municipio de Tultitlán, Estado de México, enfrenta una compleja situación legal y emocional. Tras rentar su casa a una mujer y sus hijas, se vieron víctimas de despojo. Las arrendatarias se niegan a desocupar la vivienda, se han negado a pagar la renta y, según denuncias, incluso han agredido físicamente a la propietaria.
Antecedentes del conflicto
El caso se originó hace más de un año, cuando Alejandra Jordán Navarro, propietaria del inmueble ubicado en calle Zumpango, manzana 8, lote 18, en la colonia Solidaridad Tercera Sección, decidió alquilar su propiedad.
La vivienda fue arrendada a bajo costo a María Santos Zepeda Solís y sus hijas Diana Laura Ventura Zepeda, Yoselín Zepeda Solís y una menor, quienes aseguraron ser de escasos recursos. La intención de la familia propietaria fue brindar apoyo, sin imaginar el desenlace.
Incumplimiento y negativa a desalojar
Con el paso del tiempo, las arrendatarias dejaron de cumplir con el pago del alquiler. Ante esta situación, la propietaria inició un proceso legal con la intención de recuperar su patrimonio. A pesar de contar con la documentación y evidencia correspondiente, las autoridades no han logrado ejecutar el desalojo.
La situación escaló a mayores. De acuerdo con declaraciones de los afectados, las inquilinas se han valido de argumentos sin sustento legal para justificar su permanencia. La familia compartió videos que muestran el comportamiento de las acusadas, donde se observan discusiones y presuntos actos de violencia.
Denuncias por agresión
La propietaria reportó haber sido agredida físicamente por las ocupantes. Esta situación también derivó en una denuncia formal. Hasta el momento, la respuesta de las autoridades ha sido limitada, lo que ha generado frustración e impotencia entre los afectados.
Los intentos de mediación han fracasado. Policías y representantes municipales han acudido al domicilio, pero no han podido ejecutar ninguna orden efectiva que garantice la restitución del bien inmueble a sus legítimos dueños.
Llamado urgente a las autoridades
La familia afectada solicitó ayuda pública. Temen que el proceso se prolongue indefinidamente y que las agresiones escalen aún más. Subrayan que la propiedad representa el esfuerzo de años de trabajo y consideran que la ley debe aplicarse de forma inmediata para evitar mayores daños.
Los propietarios insisten en que existen pruebas suficientes, incluidas grabaciones en video, que demuestran tanto la ocupación ilegal como las agresiones recibidas.
