La obstrucción de justicia por razones de género podría convertirse en delito en el Estado de México. Este miércoles, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, presentó en el Congreso local una iniciativa que busca sancionar con prisión a los funcionarios que impidan el acceso a la justicia en casos de violencia contra mujeres.
La propuesta, elaborada con el acompañamiento del abogado Pablo Navarrete, contempla penas de cuatro a diez años de prisión, multas de hasta 150 días y la destitución e inhabilitación del cargo para los servidores públicos que, por negligencia, omisión o actos de corrupción, obstaculicen investigaciones relacionadas con crímenes por razón de género.
Frente a la sede legislativa, Irinea colocó cruces rosas y flores en memoria de su hija y de miles de mujeres asesinadas en el país.
Desde el feminicidio de Mariana en 2010, más de 30 mil mujeres han sido asesinadas en México, muchas de ellas sin que sus casos se investiguen como feminicidio.
La iniciativa también plantea reformar el artículo 50 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia estatal, para establecer como obligación expresa de la Fiscalía mexiquense investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio, incluso si se presenta como suicidio o accidente.
El caso de Mariana fue inicialmente clasificado como suicidio. Años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó reabrirlo con perspectiva de género. En 2023 se dictó una sentencia de 70 años de prisión contra el feminicida, aunque el proceso sigue abierto y sin reparación del daño.
Reciben e impulsan iniciativa
La diputada morenista Jennifer González, quien recibió la iniciativa, señaló que aún no hay una fecha definida para su discusión en comisiones, pero aseguró que buscarán los consensos necesarios para que avance en el próximo periodo ordinario.
Indicó que este tipo de reformas son necesarias para cerrar el paso a la impunidad institucional.
La propuesta busca sentar un precedente en el país al considerar como delito el negar justicia con base en el género de la víctima.
De aprobarse, el Estado de México sería la primera entidad en convertir en ley los criterios establecidos por la Corte en el caso Mariana Lima, y sancionar legalmente a los funcionarios que bloqueen procesos por motivos discriminatorios.
Pedro Pérez/SéUnoNoticias
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