El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) ha dado un paso histórico al instalar el primer Observatorio de Justicia para Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes del mundo. Esta acción representa un compromiso tangible con la equidad, la inclusión y la transformación estructural del sistema judicial. El acto oficial se llevó a cabo el 19 de junio de 2025 en Toluca, y reunió a representantes de comunidades indígenas, autoridades estatales y especialistas nacionales e internacionales.
Reconocimiento a una deuda histórica
Durante la ceremonia, el Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez subrayó que el nuevo órgano responde a una deuda histórica con más de 400 mil personas que han sido sistemáticamente invisibilizadas. En sus palabras, el acceso a la justicia no puede seguir siendo un privilegio. Este observatorio busca garantizar ese derecho desde una perspectiva imparcial, sensible y humana.
El presidente enfatizó que la iniciativa no es un gesto simbólico, sino una medida de impacto estructural. Se enmarca en el cuarto compromiso de la Declaratoria de Justicia Abierta y en el Plan de Desarrollo Judicial vigente. Estas directrices apuntan a un modelo que reconozca y respete la pluralidad cultural del estado.
Ejes de acción del Observatorio
Entre las primeras líneas de acción destacan:
- Difusión de información legal en lenguas originarias.
- Traducción de contenidos jurídicos y educativos.
- Presencia de intérpretes en audiencias.
- Instalación de mesas de trabajo con líderes comunitarios y expertos culturales.
El Observatorio sesionará tres veces al año en plenarias ordinarias y podrá convocar encuentros extraordinarios cuando sea necesario. Además, podrá invitar con voz, pero sin voto, a especialistas, traductores, académicos, defensores de derechos humanos y representantes comunitarios.
Un mecanismo impulsado por las comunidades
El Consejero Mario Eduardo Navarro Cabral puntualizó que esta iniciativa responde a demandas recogidas en diálogos comunitarios coordinados por la Sala de Asuntos Indígenas (SAI). El objetivo es construir rutas de reconciliación intercultural que reconozcan la dignidad, autodeterminación y participación plena de estos grupos.
Esta acción se alinea con compromisos internacionales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente los relacionados con el acceso a la justicia y la institucionalidad inclusiva.
Participación multisectorial
El acto de instalación fue firmado por autoridades del PJEdomex, vocales indígenas de varios municipios y representantes de diversas instituciones y organizaciones, entre ellas:
- Comisión legislativa de Derechos Humanos.
- Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM).
- Barra de Abogados del Estado de México.
- Colegio de Abogados Humanistas en Defensa de los Pueblos Indígenas.
- Comité de Participación Ciudadana del Estado de México.
El fundador de la Red Chilena de Justicia Abierta, Peter Sharp Vargas, calificó el acto como histórico y lo consideró una acción jurídica, cultural y política de gran impacto global.
