La elección de jueces por voto popular, lejos de ser un paso hacia una democracia más madura, es una regresión peligrosa disfrazada de participación ciudadana. Porque no nos equivoquemos: esto no es una elección libre. Es una elección de Estado.
El aparato gubernamental ya tiene claro cómo operar. Hará lo mismo que ha hecho en cada elección reciente: movilizar votantes con base en la necesidad, usar los programas sociales como moneda de cambio y asegurar que los únicos perfiles visibles y competitivos sean los suyos. ¿Cómo competirá contra eso un abogado independiente, sin estructura, sin dinero, sin acceso a medios?
Los candidatos que aspiren con legitimidad a un cargo judicial no tendrán la más mínima oportunidad. Si no cuentan con el respaldo de un grupo político o empresarial, están condenados a la invisibilidad. Y si lo obtienen, ya estarán comprometidos con agendas que nada tienen que ver con la justicia. No estarán defendiendo la ley, estarán pagando favores.
A esto se suma la narrativa construida desde el poder: la de un Poder Judicial podrido, inservible, elitista. ¿Pero cuántos realmente entienden cómo funcionaba la carrera judicial? ¿Cuántos saben cuántos años de estudio, trabajo y evaluación rigurosa pasaban quienes aspiraban a ser jueces?
Lo que esta reforma destruyó no es solo un modelo institucional. Acabó con los sueños, el esfuerzo y la preparación de cientos de personas que veían en el Poder Judicial un espacio de desarrollo profesional, ético y apegado a derecho. Hoy, esa estructura fue sustituida por un concurso de popularidad y propaganda, donde puede llegar cualquiera… menos el mejor preparado.
Este no es un simple cambio administrativo. Es el desmantelamiento de los contrapesos. Es volver a un México donde el presidente, como en el viejo PRI, decide todo. Y si hoy el poder se concentra en un solo partido, mañana nadie estará a salvo, ni siquiera dentro de Morena. Porque todo aquel que se atreva a disentir podrá ser perseguido, juzgado y condenado por jueces que deben su lealtad a quien los hizo ganar.
La democracia mexicana se construyó durante décadas para romper con el autoritarismo. Esta reforma es un retroceso de más de cuarenta años. No es justicia lo que se está construyendo. Es control. Y cuando el control sustituye a la ley, ya no hay justicia para nadie.
La justicia no puede estar en manos del aplauso ni del miedo. Un país libre necesita jueces libres. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar que no todo lo que se disfraza de democracia lo es. Porque cuando la ley se subordina al poder, lo que viene después ya no es un Estado de derecho… es un Estado de obediencia.
