La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este 14 de mayo la detención de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Las autoridades la acusan de alterar y destruir pruebas relevantes relacionadas con el caso Ayotzinapa, una de las investigaciones más emblemáticas de desaparición forzada en México. La aprehensión se llevó a cabo en Acapulco y forma parte de una nueva etapa judicial para esclarecer el destino de los 43 normalistas desaparecidos en 2014.
Antecedentes del caso Ayotzinapa
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. El hecho provocó una profunda crisis política y social, así como un proceso judicial prolongado con múltiples irregularidades documentadas. Diversas organizaciones han denunciado la alteración de evidencias y la participación de servidores públicos en el encubrimiento del crimen.
La denominada “Verdad Histórica” presentada por la anterior administración fue desmentida por investigaciones posteriores, incluyendo las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes advirtieron sobre la manipulación de pruebas clave.
Los cargos contra Lambertina Galeana MarínSegún la FGR, Galeana Marín habría instruido la destrucción o modificación de documentos judiciales que contenían información sensible sobre la investigación penal. Entre ellos, se señalan registros de testimonios, órdenes de aprehensión y reportes policiales vinculados a los presuntos responsables.
Una fuente interna del Poder Judicial del estado, que solicitó el anonimato, declaró: “Se detectó una alteración sistemática de expedientes relacionados con el caso desde 2015”. Las indagatorias apuntan a que la exfuncionaria habría actuado en coordinación con otros servidores públicos, cuyas identidades aún no han sido reveladas.
Reacción de autoridades y sociedad civil
El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expresó en redes sociales que “la obstrucción de la justicia en este caso es un crimen en sí mismo”. También reiteró el compromiso del gobierno federal por continuar con las investigaciones sin distinción de jerarquías.
Organizaciones como el Centro Prodh y Fundar exigieron que se amplíe la investigación a todos los actores judiciales que hayan intervenido en la cadena de encubrimientos. Por su parte, los familiares de los normalistas consideraron este arresto como un paso positivo, aunque subrayaron que la justicia aún está lejos de alcanzarse.
Proceso judicial en curso
La detenida fue trasladada al penal federal femenil de Morelos, donde permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla su audiencia inicial. Se prevé que en los próximos días la FGR presente más elementos probatorios ante el juez, quien determinará si se vincula a proceso por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y obstrucción de la justicia.
