En un esfuerzo coordinado con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el gobierno municipal de Ecatepec ha intensificado sus acciones para erradicar el analfabetismo en su territorio. El objetivo es claro: alcanzar la meta de levantar la bandera blanca, distintivo otorgado a los municipios que logran reducir su tasa de analfabetismo a niveles mínimos.
Contexto educativo del municipio
Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en Ecatepec el 1.92% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. Esta cifra, aunque menor al promedio nacional, representa a miles de ciudadanos sin acceso pleno a derechos básicos. La educación es un derecho humano fundamental, por lo que reducir esta cifra se ha convertido en una prioridad del actual gobierno local.
Acciones impulsadas desde la Dirección de Educación
Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, la Dirección de Educación ha puesto en marcha un programa permanente de alfabetización. Érick Mejía Franco, titular de la dependencia, explicó que las clases se imparten todos los viernes en las instalaciones ubicadas dentro de la presidencia municipal.
Los grupos de estudio reúnen entre 8 y 12 personas adultas que asisten voluntariamente para aprender a leer y escribir. Además, se ofrecen asesorías académicas y acompañamiento en trámites administrativos ante el INEA, lo que permite a los participantes obtener certificados de primaria o secundaria.
Hasta la fecha, cerca de 200 personas han sido beneficiadas por esta iniciativa, lo que refleja un avance significativo en la atención al rezago educativo en adultos.
Vinculación con estrategias federales
Esta acción municipal se alinea con la Estrategia Nacional para la Alfabetización, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El plan federal tiene como objetivo reducir el rezago educativo en todo el país, fortaleciendo el acceso a la educación básica para jóvenes y adultos que no concluyeron su formación escolar.
El caso de Ecatepec se convierte en un ejemplo de cómo los gobiernos locales pueden colaborar con instancias federales para atender problemáticas estructurales, mediante políticas públicas focalizadas y sostenibles.
