La LXII Legislatura del Estado de México recibió el Tercer Informe de Gestión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), encabezada por José Luis Cervantes Martínez. Tras la entrega, diversos legisladores solicitaron su comparecencia ante el Pleno para aclarar resultados considerados insuficientes.
Diputados piden evaluar comparecencia del fiscal ante el Congreso
El presidente de la Directiva del Congreso, Maurilio Hernández González (Morena), propuso que la Junta de Coordinación Política analice la comparecencia del fiscal Cervantes. Esta medida formaría parte de la glosa del próximo informe del gobierno estatal. Según Hernández, la revisión de este informe es clave para transparentar el desempeño de instituciones autónomas como la FGJEM.
Legisladores critican desempeño institucional y exigen resultados
El diputado Octavio Martínez Vargas (Morena) expresó su preocupación por el rezago en la ejecución de órdenes de aprehensión. Afirmó que, pese a la autonomía financiera de la FGJEM, los avances han sido mínimos. Martínez solicitó examinar a fondo el informe y evaluar incluso la posible dimisión del titular de la Fiscalía.
Por su parte, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) anunció una iniciativa legislativa para obligar a que la persona titular de la FGJEM rinda cuentas personalmente ante el Congreso. Denunció además la presunta complicidad de la Fiscalía en la detención arbitraria de Alicia Marín Granados, síndica de San José del Rincón, a pesar de contar con medidas de protección.
Leyva también señaló que el fiscal mantiene una deuda con las víctimas de feminicidio y desaparición, al no atender a los familiares ni colaborar con la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género. Criticó que su actuar no se alinea con las políticas públicas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Libertad de prensa bajo amenaza en el Estado de México
En el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la diputada Miriam Silva Mata (PVEM) recordó que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Citó cifras del Comité para la Protección de Periodistas, que documentan 68 asesinatos entre 2000 y 2004.
Silva subrayó la urgencia de fortalecer la protección de periodistas, en especial aquellos que investigan temas ambientales. Mencionó el caso de Ecatepec, donde informar sobre el “huachicoleo de agua” ha puesto en riesgo a comunicadores. También denunció atentados recientes contra periodistas mexiquenses que cubren conflictos hídricos y problemas de contaminación.
Afirmó que estos ataques no solo vulneran la libertad de expresión, sino que afectan directamente a la ciudadanía al silenciar historias críticas para el bienestar social y ambiental.
