El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció públicamente que entre los más de 3 mil aspirantes a cargos en el Poder Judicial hay candidatos que han fungido como “defensores de narcotraficantes”, lo que pone en duda su probidad. Esta declaración ha desatado una nueva polémica en torno a la transparencia y limpieza del proceso judicial-electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE), por su parte, respondió que no le corresponde revisar perfiles individuales, dejando la responsabilidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Señalamientos directos sobre perfiles cuestionables
Durante una entrevista, Fernández Noroña señaló que se han identificado casos específicos de candidatos que no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Mencionó como ejemplo a abogados defensores de narcotraficantes y a jueces con antecedentes de liberar a criminales con una “conducta sistemática”.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar”, afirmó el senador de Morena. Asimismo, declaró que sería lamentable que personas con este tipo de historial lleguen a ocupar cargos clave en el sistema judicial del país.
El INE aclara su papel en el proceso
Ante las declaraciones, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aclaró que la institución no tiene la facultad de revisar la trayectoria individual de cada candidato. Explicó que el papel del INE se limita a recibir y registrar las candidaturas que le son entregadas por el Senado, luego de ser evaluadas por comités establecidos por la ley.
“La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben de cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión que ya se hizo en el Senado”, declaró. Agregó que será el Tribunal Electoral, una vez que se tengan los resultados definitivos, el que determine la validez o no de las candidaturas.
Taddei subrayó que la actuación del INE se basa en la norma vigente, no en preferencias individuales o juicios de valor. El organismo emitirá un acuerdo formal sobre el tema en su próxima sesión del Consejo General.
Llamado a reforzar controles previos
Noroña insistió en que el proceso de revisión debió realizarse con mayor antelación, para evitar que aspirantes con vínculos criminales lleguen a la boleta electoral. Enfatizó que este no es un riesgo para la elección en sí, sino un acto de responsabilidad institucional.
La polémica se intensifica en medio de otras iniciativas legislativas, como la “8 de 8”, que busca excluir a personas con sentencias por violencia de género. Sobre este tema, Noroña pidió cautela para no inhabilitar a candidatos por situaciones no resueltas legalmente, como conflictos familiares o pensiones.
