El Consejo de la Judicatura del Estado de México (PJEM) ha dado un paso crucial en materia de legalidad y transparencia electoral. Este lunes 7 de abril de 2025, durante una sesión extraordinaria, aprobó un acuerdo que regula la conducta de servidores públicos judiciales durante el Proceso Electoral Extraordinario de personas juzgadoras. Esta medida busca fortalecer la imparcialidad y la equidad en la contienda, en sintonía con su Política de Integridad y el Código de Ética institucional.
Acuerdo para garantizar principios democráticos
El acuerdo establece normas obligatorias para quienes forman parte del Poder Judicial mexiquense. Se busca evitar actos que pudieran poner en riesgo la equidad o dañar la confianza pública. Entre las medidas más destacadas, se prohíben expresamente los actos anticipados de campaña por parte de servidores judiciales. Asimismo, se restringe la difusión de propaganda que incluya expresiones calumniosas contra autoridades e instituciones electorales.
Esta acción refleja el compromiso institucional con la objetividad y la transparencia, pilares fundamentales del sistema democrático.
Coordinación con autoridades electorales
Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es la instrucción para que el personal judicial proporcione información de forma oportuna y completa a los órganos electorales, tanto a nivel federal como local. Esto permitirá a las autoridades tener acceso inmediato a los datos necesarios para garantizar una fiscalización eficiente.
Además, el documento establece como obligación el cumplimiento de las normas que previenen y combaten la violencia política en razón de género. Este enfoque subraya la importancia de promover un ambiente de igualdad y respeto hacia las mujeres que participan en la vida pública y judicial.
Prohibición del uso indebido de recursos
El Consejo también reafirma la prohibición del uso de recursos públicos con fines de propaganda electoral. Tampoco se permite el financiamiento privado o el uso de instalaciones laborales para actividades de promoción política. Estas restricciones están diseñadas para eliminar cualquier ventaja indebida durante el proceso electoral y asegurar que todos los participantes compitan en igualdad de condiciones.
La medida incluye un seguimiento estricto para evitar que los servidores públicos judiciales interfieran en la elección de personas juzgadoras o influyan en su resultado.
