La Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, actual legislador federal por Morena y exgobernador de Morelos, acusado de agresión sexual. La decisión, tomada por mayoría de votos, cerró el proceso legislativo sin retirar el fuero al diputado.
Los legisladores Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz, ambos de Morena, junto con Raúl Bolaños del Partido Verde, votaron en contra de continuar el procedimiento. Solo Germán Martínez, diputado del PAN, se manifestó a favor de avanzar con el desafuero.
Críticas desde la oposición
El legislador panista expresó su “indignación absoluta” por la resolución. Señaló que el oficialismo “evadió” una acusación grave y denunció que Morena “cubrió con su manto” a Cuauhtémoc Blanco. En su intervención, exigió un pronunciamiento público de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la fiscal de Morelos, Margarita González, quien promovió inicialmente la solicitud.
“Fue ella quien pidió esto, y por eso le pido que se pronuncie ante esta agresión parlamentaria a una mujer víctima de un delito de agresión sexual”, declaró Martínez.
Argumentos legales: falta de pruebas y deficiencias en la investigación
En un comunicado oficial, el grupo parlamentario de Morena argumentó que el expediente presentaba inconsistencias que impedían proceder legalmente. Entre las deficiencias señaladas, mencionaron la ausencia de entrevistas clave, falta de diligencias esenciales como inspecciones oculares, peritajes criminalísticos y reconstrucción de hechos.
Asimismo, destacaron la contradicción entre dos dictámenes psicológicos. El primero negaba afectación emocional derivada de agresión sexual, mientras que el segundo, realizado dos meses después, sí detectó daño. Ambos informes fueron elaborados por la misma fiscalía y bajo la misma metodología, lo que generó dudas sobre su confiabilidad.
La Sección Instructora concluyó que la falta de elementos sólidos en la carpeta de investigación hacía inviable proceder con la Declaración de Procedencia. “Esta determinación es estrictamente jurídica y no responde a ningún interés político”, afirmó el comunicado.
