Un juez boliviano emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras su ausencia a dos audiencias relacionadas con un caso de presunta trata de menores. La medida incluye la declaración de rebeldía del exmandatario, la congelación de sus bienes y la prohibición de salir del país.
Acusaciones y contexto
Morales está acusado de iniciar una relación con una menor de 15 años en 2015, cuando era presidente de Bolivia.
Según la fiscalía, los padres de la menor consintieron esta relación a cambio de favores políticos y beneficios económicos.
En 2016, la menor habría tenido una hija con Morales.
Proceso judicial
En 2020, una investigación similar fue desestimada por falta de pruebas.
Ahora, la fiscalía acusa a Morales de trata de personas, un delito que podría implicar entre 10 y 15 años de prisión.
El juez Nelson Rocabado rechazó los argumentos médicos presentados por la defensa, que justificaban la ausencia de Morales por problemas de salud.
Medidas impuestas por el juez
Congelación de bienes:
Morales no podrá disponer de sus propiedades mientras esté en curso la investigación.
Prohibición de salida del país:
Se impide que el expresidente abandone Bolivia mientras dure el proceso.
Declaración de rebeldía:El juicio se suspenderá hasta que Morales se presente ante el juez.
Reacciones y seguridad
Defensa de Morales:
Su abogado calificó el proceso como “forzado” y argumentó que no hay una víctima directa que lo haya acusado.
Morales acusa al gobierno de Luis Arce, su exaliado, de orquestar una “guerra jurídica” para inhabilitarlo políticamente.
Protección en Cochabamba:
Morales se encuentra en el Trópico de Cochabamba, protegido por más de 2,000 seguidores que han formado “anillos de seguridad” para evitar su arresto.
Implicaciones políticas
La orden de detención contra Morales agrava la lucha interna por el liderazgo del partido oficialista boliviano y la candidatura presidencial para las próximas elecciones. Morales acusa a Arce de intentar bloquear su participación en el proceso electoral, mientras el gobierno insiste en la independencia del Poder Judicial.
