El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal para penalizar el uso de “deepfake” con fines engañosos. La propuesta establece penas de hasta 15 años de prisión para quienes empleen inteligencia artificial y otras tecnologías para manipular imágenes, videos o audios con el objetivo de crear una percepción falsa. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la difusión de contenido falso en redes sociales y su impacto en la opinión pública y la seguridad de las personas.
La Naturaleza y Riesgo del “Deepfake”
El término “deepfake”, o “ultrafalso”, es una combinación de las palabras en inglés “deep learning” (aprendizaje profundo) y “fake” (falsificación). Esta técnica utiliza inteligencia artificial para manipular contenido audiovisual, simulando rostros y voces de personas reales con un alto grado de precisión. La tecnología ha generado alarma debido a su potencial para engañar y manipular, afectando la reputación de individuos y propagando información falsa a gran escala. Según explicó la diputada Alexia Dávila Sánchez, impulsora de la iniciativa, los “deepfakes” se han convertido en una herramienta peligrosa para difundir noticias falsas y alterar la percepción pública, lo que justifica la necesidad de una sanción estricta.
La iniciativa presentada por el PAN en Edomex pretende adicionar la fracción XXI al artículo 306 y la fracción VII al artículo 307 del Código Penal del Estado de México. De ser aprobada, se impondrá una pena máxima de 15 años de prisión a quienes utilicen inteligencia artificial o tecnología similar para manipular digitalmente contenido audiovisual de personas con el fin de engañar y crear percepciones falsas en redes sociales y otros medios de comunicación. El objetivo es frenar la propagación de noticias e imágenes que puedan afectar la integridad y la privacidad de las personas, así como prevenir el uso de estas herramientas para fines malintencionados.
Argumentos de los Legisladores
Dávila Sánchez subrayó la necesidad de que la legislación evolucione junto con la tecnología, destacando la rapidez con la que se comparte la información en redes sociales y la dificultad de controlar su veracidad. La diputada enfatizó que, aunque los usuarios tienen cierta responsabilidad en evitar la difusión de contenido falso, el Estado también debe tomar medidas para sancionar a quienes generen este tipo de contenido de forma deliberada. “El Estado no debe descargar toda la responsabilidad en los internautas”, afirmó Dávila Sánchez, defendiendo la implementación de sanciones como una medida para reducir la desinformación y proteger a la ciudadanía.
