En Querétaro, la Fiscalía General del Estado ha generado polémica al solicitar tres años de cárcel para una niña de 14 años que sufrió un aborto espontáneo. La menor fue víctima de violación y desconocía su estado de embarazo. A pesar de estas circunstancias, la Fiscalía está buscando que la adolescente pague además una indemnización de 500 mil pesos al hombre señalado como su agresor sexual. Este caso ha despertado indignación entre colectivos feministas, activistas y defensores de los derechos humanos, quienes denuncian una revictimización de la menor y una injusticia por parte del sistema judicial.
El caso de la menor y las acusaciones
El hecho se remonta a una audiencia intermedia en la que la Fiscalía de Querétaro presentó su solicitud de encarcelamiento en el Centro de Reinserción Social para Adolescentes, argumentando que el caso constituye un homicidio debido a la muerte de un feto de 36 semanas de gestación. Según las autoridades, el aborto espontáneo sería equivalente a un delito de homicidio. Sin embargo, la niña no estaba al tanto de su embarazo, que resultó de una violación, hasta que ocurrió la pérdida gestacional, la cual fue atendida de urgencia debido a una grave hemorragia.
Mayra Dávila, presidenta de la asociación Adax Digitales, que brinda apoyo a la adolescente, ha sido una de las voces más críticas hacia las acciones de la Fiscalía. Dávila denuncia la falta de sensibilidad y la revictimización de la menor en este proceso, señalando que, además de ser víctima de una violación, la joven enfrenta ahora la posibilidad de ser encarcelada y multada por el aborto espontáneo.
Reacciones sociales y legales
Este caso ha desatado una ola de protestas tanto en redes sociales como en las calles. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas han calificado la situación como inhumana y contraria a los derechos de las mujeres. Exigen que la Fiscalía de Querétaro retire los cargos y, en su lugar, enfoque sus esfuerzos en buscar justicia para la menor en lo que respecta a la violación que sufrió.
El fiscal general de Querétaro, Víctor Antonio de Jesús Hernández, se ha visto en el centro de la controversia. Hernández, quien fue designado como fiscal en agosto de este año con 22 votos de la Legislatura local, ha confirmado que la investigación por homicidio sigue su curso. Sin embargo, ha aclarado que no se ha judicializado ninguna carpeta por el delito de aborto, lo que no ha logrado calmar la indignación de la sociedad civil. Activistas señalan que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dictaminado que los casos de aborto no deben ser judicializados, en Querétaro se han abierto al menos siete investigaciones por este motivo en el último año.
Impacto en la opinión pública
La indignación por este caso no ha tardado en hacerse sentir en las redes sociales, donde miles de usuarios han solicitado la destitución del fiscal general, argumentando que las acciones de la Fiscalía violan los derechos de la menor. Las críticas apuntan a una falta de perspectiva de género en la investigación y el tratamiento judicial de la joven, quien, además de sufrir una violación, enfrenta ahora un proceso legal que podría encarcelarla y cargarla con una deuda millonaria.
El caso también ha puesto en tela de juicio el marco legal de Querétaro, ya que, a pesar de los avances legales a nivel nacional en la despenalización del aborto, la realidad en muchos estados sigue siendo represiva y punitiva. Este escenario refleja las tensiones existentes entre los fallos judiciales federales y las prácticas locales.
