Una nueva iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos busca permitir a funcionarios de órganos autónomos y desconcentrados, como Banxico, SAT, Pemex y la CFE, portar armas de fuego para el desarrollo de funciones de seguridad. Esta propuesta, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla la creación de licencias “Oficiales colectivas” con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y renovación bienal.
La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados el 18 de septiembre, modifica el artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Propone que los integrantes de organismos autónomos, desconcentrados y descentralizados, así como de empresas estatales, puedan portar armas de fuego si sus funciones lo justifican. Entre estas entidades se encuentran el Banco de México (Banxico), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Casa de Moneda de México, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, la propuesta adiciona un nuevo tipo de licencia al artículo 25: las licencias “Oficiales colectivas”. Estas licencias permitirían a las instituciones públicas que se refieren en el artículo 24 autorizar a su personal operativo el porte de armas de fuego, previa aprobación de la Sedena. Las licencias se renovarían cada dos años y las dependencias autorizadas deberían emitir credenciales foliadas para su personal operativo, equivalentes a una licencia individual de portación de armas.
Requisitos para los Funcionarios
Los titulares de las licencias colectivas deberán remitir informes periódicos a la Sedena y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre las armas en su poder, correlacionadas con su estructura y organización operativa. Los elementos operativos de estas licencias deberán cumplir con los requisitos del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que incluyen:
1. Tener un modo honesto de vivir.
2. Haber cumplido con el Servicio Militar Nacional.
3. No tener impedimentos físicos o mentales para el manejo de armas.
4. No haber sido condenado por delitos cometidos con el uso de armas.
5. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos.
Proceso Legislativo y Perspectivas
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, donde será dictaminada y, en su caso, aprobada antes de pasar al pleno. Dado que Morena y sus aliados (PT y PVEM) tienen mayoría en ambas cámaras, la aprobación de la reforma parece asegurada.
La propuesta ha suscitado debates sobre la seguridad y la regulación del uso de armas en entidades públicas. Aunque la justificación principal es la protección de áreas estratégicas y de seguridad pública, algunos sectores cuestionan la conveniencia de armar a personal de instituciones que tradicionalmente no han desempeñado funciones de seguridad.
