El Gobierno del Estado de México, bajo el liderazgo de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, alcanzó un logro significativo en la defensa de los derechos de las mujeres. A través de un esfuerzo coordinado entre la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) y la Consejería Jurídica, seis mujeres privadas de su libertad obtuvieron el beneficio de la Libertad Anticipada. Esta acción no solo refuerza el compromiso del gobierno con la justicia social, sino que también subraya la importancia de apoyar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
¿Cómo se logró la libertad anticipada para estas mujeres?
El proceso de obtención de la Libertad Anticipada para estas seis mujeres fue el resultado de un trabajo arduo y coordinado entre varias dependencias gubernamentales. La SeMujeres, en conjunto con el Instituto de la Defensoría Pública (IDP), implementó una estrategia que incluyó visitas a centros penitenciarios para identificar a mujeres que podrían beneficiarse de este derecho.
Las visitas permitieron a las mujeres privadas de su libertad conocer las alternativas legales disponibles para acceder a una preliberación. Este enfoque proactivo facilitó el proceso de solicitud, asegurando que las mujeres que cumplían con los requisitos legales tuvieran la oportunidad de acceder a la Libertad Anticipada. Además, el IDP proporcionó apoyo financiero a través de un fondo destinado a cubrir la reparación del daño, lo que fue crucial para aquellas mujeres que carecían de recursos.
¿Cuál es el impacto de la libertad anticipada en la vida de estas mujeres?
Para las beneficiarias, la obtención de la Libertad Anticipada significa mucho más que salir de prisión. Representa una segunda oportunidad para retomar sus vidas, reconectar con sus familias y reconstruir su futuro. Jazmín N., una de las seis mujeres liberadas, expresó que la experiencia de volver a ver a sus hijos y familiares le devolvió la esperanza y el sentido de vida. Este testimonio subraya la importancia del acompañamiento y el apoyo gubernamental en el proceso de reintegración social.
El impacto de la Libertad Anticipada se extiende más allá de las beneficiarias directas. También contribuye a la recomposición del tejido social, ya que permite que estas mujeres se reintegren a sus comunidades, aportando positivamente a su entorno. Este proceso no solo beneficia a las mujeres liberadas, sino que también refuerza la cohesión social y promueve una justicia más humana y equitativa.
¿Qué acciones continuarán para garantizar el acceso a la justicia?
El Gobierno del Estado de México ha reafirmado su compromiso con la justicia y la equidad a través del Plan de Desarrollo 2023-2029. Este plan incluye una revisión exhaustiva de los casos de mujeres privadas de su libertad para identificar a aquellas que puedan calificar para la Libertad Anticipada u otros beneficios legales.
Mónica Chávez Durán, titular de la SeMujeres, destacó que la estrategia actual está alineada con la instrucción directa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Esta iniciativa busca estar al lado de las mujeres más necesitadas, especialmente aquellas en situaciones de extrema vulnerabilidad, como las privadas de la libertad que carecen de recursos para pagar multas o la reparación del daño.
El IDP, bajo la dirección de Alberto Cervantes Juárez, continuará ofreciendo apoyo financiero a personas que no tengan los recursos necesarios, asegurando que la falta de dinero no sea un obstáculo para la justicia. Este compromiso con la equidad y el acceso a la justicia para todos, en especial para los grupos vulnerables, es un pilar fundamental del actual gobierno.
