El Gobierno del Estado de México, bajo la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ha liberado a María Guadalupe González Martínez. Esta acción se llevó a cabo después de casi dos años de reclusión en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Santiaguito”, ubicado en Almoloya de Juárez. La liberación fue posible gracias a la intervención del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), que expuso argumentos para revisar su medida cautelar.
María Guadalupe González Martínez, originaria de Temoaya y perteneciente a la etnia otomí, fue acusada de feminicidio en grado de tentativa y secuestro. Estos cargos surgieron tras solicitar el pago de la pensión alimentaria para sus hijos. La acusación provino de la pareja actual del padre de sus hijos. Durante su reclusión, su familia solicitó la intervención de la Gobernadora Delfina Gómez durante una sesión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.
Intervención del Instituto de la Defensoría Pública
El IDP, dependiente de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, jugó un papel crucial en la liberación de María Guadalupe. Los abogados del IDP solicitaron una revisión de la medida cautelar, logrando que esta fuera modificada a la colocación de un localizador electrónico, comúnmente conocido como brazalete. Este cambio permitió que María Guadalupe pudiera llevar su proceso en libertad.
Importancia del Caso de Mujeres Otomí
Este caso subraya el compromiso del Gobierno del Estado de México con la justicia y la protección de los derechos humanos, especialmente para los pueblos originarios. La acción se alinea con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, específicamente con el Proyecto Prioritario “Garantizar la revisión gratuita y exhaustiva de casos considerados injustos de personas privadas de su libertad”. Este proyecto forma parte del eje transversal de Construcción de la Paz y la Seguridad.
Impacto Social y Jurídico
La liberación de María Guadalupe González Martínez no solo marca un hito en su vida personal, sino que también destaca la importancia de una justicia humanista y contextual. La revisión y modificación de su medida cautelar reflejan el compromiso del gobierno con una justicia pronta, expedita y accesible para todos los ciudadanos, especialmente aquellos de comunidades indígenas.
