Juez federal determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Austeridad Republicana y el candado de 10 años para que los altos mandos del gobierno no puedan trabajar en empresas privadas.
Austeridad Republicana
Abel Méndez, juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, determinó que la austeridad republicana es una política de Estado que debe estar prevista en la Constitución y, a través de ella, habilitar al Congreso para legislar al respecto.
El decreto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, habida cuenta que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades expresas ni implícitas para legislar en materia de austeridad republicana
Abel Méndez, Juez Segundo
Sobre el plazo de 10 años, previsto en el artículo 24 de la ley, dijo que era excesivo “porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”.
Posiblemente el gobierno federal impugne la decisión para que sea la Suprema Corte decida en definitiva sobre la constitucionalidad de la norma, sobre la cual también hay una acción de inconstitucionalidad.
“La disposición reclamada es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida, la legislatura optó por la medida va en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”.
“El concepto de violación es fundado para conceder el amparo y protección de la justicia federal”, agregó al resolver el amparo 467/2021 promovido por un exalto funcionario del sector financiero al que le negaron un empleo.
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