Ciudad de México.- El juez en materia penal, ubicado en un centro penitenciario del Valle de México, ya había aceptado tramitar la orden de aprehensión contra Cabeza a petición de la FGR, pero el fin de semana, tras la decisión del ministro González Alcántara, dio aviso de que ya no podía procesar la petición de la Fiscalía, por considerar que el acusado seguía gozando de la protección constitucional.
Según el criterio establecido en el texto con el que se desechó la Controversia interpuesta por el Congreso local de Tamaulipas, en el que se establece que los diputados locales tienen la última palabra en materia del desafuero del gobernador.
En ese sentido, la Cámara de Diputados, según fuentes del Palacio Legislativo de San Lázaro, prepara una impugnación al fallo del ministro para que sea revisado por la Corte, al considerar que Juan Luis González Alcántara “se excedió en sus facultades”, pues al desechar la controversia pretendió establecer criterios y argumentaciones jurídicas que no le correspondía a él fijar, sino que debieron ser discutidas o votadas por el pleno de alguna de las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con información del Universal
