Un juez federal ha concedido a un usuario el primer amparo contra el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que obliga a los mexicanos a entregar datos biométricos para poder tener acceso a una línea de celular. El magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ha dado la razón a Óscar González Abundis para que su línea de telefonía móvil no sea cancelada por no registrar sus datos personales. Gómez Fierro considera que la entrega de esta información “podría no ser idónea ni proporcional” y supone “una afectación a los derechos”. De momento, este amparo solo beneficia al usuario que lo presentó y no tiene carácter general. 

El pasado martes, el Senado aprobó, en una votación muy cerrada, una reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el llamado PANAUT. Este registro obliga a los mexicanos a entregar casi todos sus datos personales al Gobierno y a las empresas de telefonía. El objetivo del padrón, según los legisladores de Morena, es facilitar la investigación de los delitos que se cometen con equipos celulares, como secuestros, extorsiones y acosos. 

Sin embargo, el titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa ha puesto el primer freno. “La entrega de aquellos datos personales no constituye una condición necesaria para que las instancias respectivas investiguen más o mejor. No se advierte una relación directa o causal entre la existencia de ese padrón y una mejor investigación y persecución de los delitos”, ha apuntado Gómez Fierro. 

El juez, que reconoce que la reforma persigue un fin constitucionalmente legítimo, ha argumentado que “el grado de realización del fin perseguido no necesariamente será mayor que la afectación a los derechos”. El magistrado considera que cancelar la línea telefónica por no registrarse afectaría al “derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”. 

Gómez Fierro fue quien suspendió en marzo de forma indefinida la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que limita la participación privada en el sector, tras los amparos presentados por dos empresas. De momento, en este caso, se trata de una suspensión temporal que solo impide que las autoridades cancelen la línea de Óscar González Abundis. El 27 de abril será la audiencia para decidir si se concede una suspensión definitiva. 

La obligación de entregar datos tan sensibles como las huellas dactilares, el rostro o la voz ha sido ampliamente criticada por asociaciones de derechos digitales. Desde hace una década, es posible comprar el registro de datos personales de instituciones bancarias o de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), a la venta en varias páginas de Internet. Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó a EL PAÍS que esta medida pone a México en “la lista de países autoritarios que exige a los ciudadanos sus datos biométricos para acceder una línea telefónica móvil”, como China, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Venezuela. 

Además, los expertos advierten de la dificultad de registrar 126 millones de líneas móviles con estos datos, cuando “la mayoría no se utilizan para cometer delitos”, señala Gabriel Székely, presidente de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, quien apunta que la ley “promueve que se roben más celulares pues los criminales no usarán los suyos para cometer delitos”. 

De acuerdo con el documento de iniciativa aprobado por el Senado mexicano, las empresas de telecomunicaciones serían las encargadas de recabar y validar la información sobre la identidad, datos biométricos y domicilio del usuario, así como proporcionar la información con la cual se integrará el registro y realizarán las altas, bajas y demás movimientos asociados a las líneas telefónicas en este padrón. “Al INE le ha costado muchos años contar con un padrón, es ilógico pensar que con esta iniciativa puedas registrar 125 millones de datos en dos años”, indica Székely. 

Información: El País  

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