Tras la aprobación en la Cámara de diputados de la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos que permite la suspensión y negativa de permisos de importación, distribución y comercialización de combustibles, se mantiene la incertidumbre entre empresarios, particularmente en el sector gasolinero.

“Las implicaciones de una ley que pretende combatir la ilegalidad no son para nada claras y de ahí los temores de su promulgación como un instrumento confiscatorio de empresas por parte del Estado”, dijo Roberto Díaz de León, presidente de la Onexpo Nacional. 

El organismo que agrupa a empresarios gasolineros de las 32 entidades considera que el gobierno debería actuar con las facultades que le dan ya las leyes antes de buscar otras que permiten prácticamente intervenir empresas legalmente establecidas.

En Onexpo Nacional nos pronunciamos siempre a favor de la concurrencia entre el Estado y el mercado, estamos convencidos de que ni uno ni otro pueden solos, se necesita la producción activa de todos los implicados incluyendo a la sociedad, aseguró en entrevista.

Según su perspectiva, para combatir el grave problema del huachicol fiscal se requiere la aplicación efectiva del gobierno de las sanciones que ya se encuentran establecidas en los ordenamientos que ya se encuentran vigentes, tales como la propia Ley de Hidrocarburos y la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. “Nos genera incertidumbre y mayores riesgos a las inversiones ya hechas por las empresas y limita las inversiones futuras”, dijo en entrevista con Global Energy, “nos preocupa que esta propuesta pretende declarar suspensiones de las actividades de empresas para que pudiera ser la petrolera del Estado quien tome el control de las instalaciones cuyos permisos pudieran ser suspendidos”.

Para Roberto Díaz de León, la nueva ley inhibe abiertamente la competencia y atenta directamente contra la certeza jurídica y además contiene algunos aspectos que pudieran generar sobrerregulación sin que se contemplan aspectos jurídicos como la proporcionalidad o la gradualidad de los permisos. 

Entre otras afectaciones para los inversionistas, se establece la negativa ficta y con esto la autoridad pudiera negarlos sin explicar las razones y distorsiona la figura legal de un permiso y lo convierte en un instrumento de política pública que pudiera ejercer control sobre la balanza energética. 

“Se resume en freno a las inversiones, incertidumbre jurídica a las empresas establecidas y un impacto al consumidor”, aseguró, “el Estado debe impulsar el ordenamiento en la materia y combatir la impunidad y la corrupción en toda la cadena de valor de las gasolinas y el diésel”. 

Desde la aprobación en lo general de la reforma a la Ley en la Cámara de diputados, Onexpo nacional detalló que las empresas del sector estudian ya los medios de defensa previstos por el orden jurídico nacional. 

“Se analiza y valora entre otros, el aspecto relativo al alcance y los efectos de estas modificaciones y las medidas que cada unidad económica y la integralidad del sector permiten”, informó la organización. 

Como advirtieron legisladores de oposición en prácticamente todos los posicionamientos, la nueva ley enfrentará amparos que se centran en tres argumentos: la retroactividad de derechos adquiridos de los quejosos, las violaciones a la libre competencia y la expropiación de facto que provocará la suspensión de permisos.  

Con información del Economista

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