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“Su papel radica en denunciar y poner en evidencia a quienes abusan de su posición de poder o autoridad, destapan violaciones de derechos humanos, los someten al escrutinio público y presionan para que las y los responsables rindan cuentas, por ejemplo, en casos de feminicidio, asesinato de campesinos, entre otros”.
Detalló que a veces sufren amenazas continuas, el intento por desacreditar su trabajo, el encarcelamiento injusto hasta la tortura e incluso el asesinato, además de que la advertencia para detener su labor se extiende a sus familiares.
En 2019 se registraron más de 30 asesinatos de activistas, defensoras y defensores de derechos humanos principalmente en el sureste de México; y la organización Front Line Defenders reportó que 70% de ellos se dedicaba a la protección del medio ambiente.
Por ello es necesario que la sociedad esté consciente de que muchas veces exponen su integridad física y hasta su vida pues son blanco de ataques, principalmente quienes luchan por encontrar a personas desaparecidas, por los derechos de mujeres y la comunidad LGBTTTI; además de solidarizarse cuando realizan manifestaciones, porque es la única vía de visibilizar la problemática.
Por último, comentó que gracias al activismo se han logrado legislaciones como la llamada Ley Olimpia que sanciona la violencia digital y se tipificó el feminicidio, sin embargo, hay muchos más problemas que requieren atención urgente.
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