El Poder Judicial del Estado de México continuará con los esfuerzos para que la justicia digital llegue a todos los ciudadanos y exista mayor conciencia de que los medios electrónicos pueden abonar a la administración de justicia, afirmó Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

Al participar en la sesión virtual Justicia en el Tiempo de Covid-19, Desafíos del Poder Judicial en América Latina y el Caribe, del Informe de International Legal Assistance Consortium (ILAC), Sodi Cuellar expresó que los resultados obtenidos durante esta pandemia han sido satisfactorios, por lo que la impartición de la justicia se ha mantenido a la altura de las necesidades del Estado de México.

El encuentro, realizado por la plataforma Zoom y moderado por la Jueza Ivana Hrdličková, presidenta del Tribunal especial para el Líbano (miembro individual de ILAC), se relaciona con el informe que evaluó la respuesta de Argentina, Las Bahamas, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, la República Dominicana, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Panamá y Trinidad y Tobago ante la pandemia de COVID-19, desde la perspectiva de los operadores judiciales.

En dicho informe se destaca la buena práctica de poderes judiciales como el del Estado de México con herramientas tecnológicas más avanzadas, pues tuvieron su transición a la justicia digital hace años, por lo que han seguido funcionando con la misma eficiencia, y con la emisión de notificaciones a las partes de forma digital.

Además se hace uso de sistemas electrónicos, para rastrear información sobre la actividad de los jueces incluso antes de la pandemia, a fin de obtener indicadores de rendimiento.

El magistrado presidente subrayó que de acuerdo con un estudio comparativo, al reanudar labores presenciales en el Poder Judicial existía un rezago de 40% con relación al 2019, hoy es de 15%, pues gracias al Tribunal Electrónico se evitó el colapso en la administración de justicia.
Dijo que en el país hay entidades con una fuerte apuesta por el sistema digital, hacia la creación de tribunales virtuales; sin embargo, otros más no han podido tener acceso a las tecnologías, debido a limitaciones presupuestales o falta de desarrollo tecnológico necesario.

El informe se basa en entrevistas realizadas por el Vance Center a más de 30 jueces de los países mencionados y en investigación documental desarrollada por despachos jurídicos locales. Los jueces de América Latina y el Caribe, describen a través de sus experiencias, los desafíos que el poder judicial ha confrontado para hacer frente a la pandemia.

Los autores del informe agradecieron a las personas, organizaciones y despachos jurídicos que les ayudaron a entender la forma en que la judicatura de América Latina y el Caribe responde a la pandemia de COVID-19, entre ellos, al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.
En este sentido, Ricardo Sodi Cuellar apuntó que al inicio de la contingencia, en el Poder Judicial del Estado de México ya existía una plataforma digital consolidada y avances con la firma electrónica, lo cual permitió ampliar los servicios del Tribunal Electrónico, sin paralizar la impartición de justicia.

Actualmente se han tramitado 31 mil FeJEM y se trabaja casi al 100% en lo digital.

Ivana Hrdličková mencionó la importancia de conocer el impacto que ha tenido el sistema judicial a nivel nacional e internacional durante la pandemia, así como los desafíos que los Poderes Judiciales han confrontado en este tiempo, la necesidad de conocer la tecnología y la ciber seguridad en la justicia.

En tanto, Diego García- Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, indicó que en esta crisis sanitaria las respuestas han sido diversas, aunque hay elementos en común, como la restricción de derechos y protocolos para acudir a los centros de trabajo, así como la concentración del equilibrio de poderes en procesos políticos, principalmente en países europeos.

Las entrevistas se efectuaron durante la primavera y el verano de 2020 por Cyrus R. Vance Center for International Justice, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.

Entre las 9 recomendaciones destaca: La protección de la independencia judicial en tiempos de crisis, requiere que se garantice la provisión de suficientes recursos humanos y materiales, la compensación, la promoción, la disciplina, la profesionalización y la seguridad y la salud de los jueces.

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