Tras una votación dividida y polémica, la Corte avaló la constitucionalidad de la consulta para preguntar a los mexicanos si las autoridades deben investigar a los últimos cinco expresidentes.

No obstante, para evitar violaciones a los derechos humanos de posibles víctimas e indiciados, ocho de los 11 ministros aprobaron cambiar la redacción de la pregunta planteada originalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que era tendenciosa. Procuraron que la nueva no mencione por su nombre a los exmandatarios.

Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, encabezó el bloque de seis ministros que dio luz verde a la consulta. Al inicio del debate, demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia. Lo respaldaron Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.

Las preguntas en cuestión

LA ANTERIOR:

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

LA NUEVA:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

Dan luz verde a consulta, pero sin nombrar a expresidentes 

Seis de los 11 ministros que integran el pleno de la SCJN aprobaron la petición del Ejecutivo, bajo el argumento de que se trata de una forma de consolidar la democracia.

En medio de una votación dividida, una mayoría de seis integrantes del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la consulta popular planteada por el presidente de Andrés Manuel López Obrador para preguntar a los mexicanos si debe o no investigarse a sus antecesores.

Sin embargo, para evitar violaciones a los derechos humanos y a las garantías legales de las posibles víctimas y posibles indiciados, ocho de los once ministros cambiaron en su totalidad la pregunta propuesta por el jefe del Ejecutivo federal, al considerar que era tendenciosa.

En consecuencia, la pregunta que se formulará a los ciudadanos será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.

Además de que las autoridades de procuración e impartición de justicia no quedarán obligadas a emitir un fallo en contra de alguno de los expresidentes, si es que el resultado de la consulta es en favor de investigar a los exgobernantes.

Al iniciar la discusión, el ministro presidente, Arturo Zaldívar —quien siempre expone al final de las sesiones de la Corte— demandó a sus compañeros no desaprovechar la oportunidad histórica de maximizar los derechos ciudadanos, pues no iban a resolver un asunto jurisdiccional, sino político y relacionado con la consolidación de la democracia mexicana.

De manera similar, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán respaldaron los argumentos del presidente de la Corte y destacaron que no se puede disminuir la libertad de los ciudadanos para opinar sobre asuntos de esta relevancia.

Sostuvieron que el proyecto de Aguilar Morales restringía el propósito de la consulta popular e incluso apuntaron que siendo una facultad “extraordinaria” de la Corte el pronunciarse en asuntos como éste, deben de actuar como “guardianes de la democracia participativa y observantes de la ley cuando el expediente llegue al tribunal”.

Por el contrario, los cinco ministros que votaron en contra de la consulta  fueron coincidentes en que violenta los principios de presunción de inocencia, igualdad y debido proceso; además de generar desconfianza hacia las autoridades.

Fuente: Excelsior

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