Sentar las bases para la prevención, atención, sanción y reparación del daño de la violencia política por género contra las mujeres; garantizar la paridad de género en las tribunas políticas y electorales, así como tomar las medidas pertinentes para el goce efectivo de los derechos políticos en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, son propósitos de la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal y a diversos ordenamientos, formulada por las diputadas Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario de morena.

La iniciativa, presentada en la primera sesión en la historia de la 60 Legislatura mexiquense que se realiza a distancia por la pandemia de covid-19, y leída por la diputada Mónica Álvarez Nemer (morena), presidenta de la Diputación Permanente, busca que se disponga de manera expresa la participación de la mujer en la vida política del estado, específicamente en instituciones como la Legislatura, el Tribunal Superior de Justicia, el Instituto y el Tribunal electorales, los organismos autónomos y los ayuntamientos, para garantizar la protección integral de los derechos humanos y lograr la igualdad de género.

Las reformas y adiciones se realizarían en la Constitución, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Electoral, la Ley de la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de México, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

De igual manera se pretende que ello suceda también en los partidos políticos, en donde las ciudadanas puedan participar en su formación y afiliarse libre e individualmente a ellos, así como que en los procesos electorales no solo postulen a candidatos, sino también que puedan ser mujeres quienes ocupen distintos cargos de elección popular, en igualdad de condiciones.

Entre las modificaciones propuestas están el establecer facultades explícitas del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) para solicitar y otorgar medidas de protección a favor de las mujeres víctimas de violencia política; constituir la obligación de las personas aspirantes y candidatas de abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón género, y fijar el procedimiento especial sancionador para casos de violencia política de género contra las mujeres.

Se incluye además la obligación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de compartir la información de que disponga para alimentar la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género; actualizar la definición de violencia política contra las mujeres y ampliar las conductas que la expresan, entre otras.

La iniciativa subraya que no obstante que las mujeres forman más de 50% de la población mexiquense, la participación femenina en la vida política del Estado de México aún no es equitativa, ya que existe una brecha de 1.4% en cuanto a diputaciones y un 90.4% en las presidencias municipales, además de que de las regidurías y las sindicaturas solo 39.9% y 24.8%, respectivamente, son ocupadas por mujeres.

Pese a ser reconocidos constitucionalmente los derechos políticos de las mujeres, explica la propuesta, la realidad a la que se enfrentan es “de violencias, de puertas que se cierran y de obstáculos”, además de que la violencia política, al igual que las demás violencias, se encuentra normalizada e invisibilizada, lo cual constituye un obstáculo para que las mujeres accedan al ejercicio pleno de sus derechos políticos.

“Hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Derechos que se han visto aún más violentados, a pesar del visible incremento en su participación y representación política, es decir, a pesar de que las mujeres ganan día con día mayores espacios de decisión, el incremento de la violencia continua”, explica el documento.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género) y que tiene un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo, y puede incluir además violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica e incluso llegar a la violencia extrema, la feminicida.

La iniciativa de las diputadas Karina Labastida y Mariana Uribe, a la cual se suscribió la  legisladora Brenda Escamilla Sámano (PAN), fue enviada para su discusión y análisis a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Electoral y de Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género.

¿Qué opinas?

Síguenos en Facebook