La presencia de los militares en las calles podría dar paso a un esquema en que su participación lleve a la limitación de derechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual a partir del 11 de mayo y hasta el 27 de marzo de 2024 las Fuerzas Armadas pueden realizar tareas de seguridad pública, falta al principio de certeza jurídica y no hay claridad sobre los términos con los que actuaría.

La CNDH precisó que la seguridad pública corresponde a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, aunque es posible recurrir a los militares para atender problemas de seguridad ciudadana cuando se siga una lógica de última razón y se encuentre limitada dentro de parámetros específicos.

“El Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera ‘extraordinaria’, regulada, ‘fiscalizada’, ‘subordinada’ y ‘complementaria’, es insuficiente respecto a la determinación del contenido de dichos términos, con lo que se falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la Fuerza Armada”, explicó la CNDH.

Además, ni en el artículo Quinto transitorio del Decreto que reformó la Constitución para crear a la Guardia Nacional, ni las leyes del Uso de la Fuerza ni de ese órgano de seguridad se establecen claramente qué se debe entender respecto a los términos “extraordinaria”, “fiscalizada” y “subordinada”, lo cual configura una indefinición jurídica con riesgos para el respeto y garantía de los derechos humanos.

Para la CNDH esta indefinición podría establecer un esquema permanente de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad púbica, lo cual es contrario a lo establecido en la Constitución, además de podría tener el apoyo del Ejército en funciones que limiten la libertad personal.

“Por eso insistimos en que la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario ante las circunstancias que justifican su intervención, el Acuerdo no brinda elementos para respetar y garantizar dicha condición”.

El organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra recordó que el Estado ha sido condenado en el pasado por los abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y tortura.

“Y el Acuerdo adolece de elementos concretos que garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al respeto y garantía de los derechos humanos. Reconocemos los esfuerzos desplegados en los últimos dos años, preocupa a esta Comisión la adecuada y suficiente formación de las Fuerzas Armadas en materia de respeto y protección de los derechos humanos. No basta con una declaración de buena fe con respecto a la obligación de dar cumplimiento al artículo 1 constitucional”.

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