Más de 2,067 personas podrían salir beneficiadas con la creación de esta Ley

En el marco del Foro Parlamento Abierto sobre la Ley de Amnistía organizado por la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, especialistas en seguridad privada, derechos humanos y abogados, advirtieron graves riesgos en la Ley de Amnistía enviada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque no se ha contemplado una estrategia que proteja y salvaguarde a las víctimas o personas involucradas en diversos delitos.

Graves riesgos en La Ley de Amnistía

Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, en su participación en el Foro, comentó con cifras del INEGI que alrededor de 2,067 personas podrían tener acceso a la Ley de Amnistía; sin embargo el sistema penal está en crisis porque no se ha logrado generar una estrategia del prevención del delito que contemple temas de derechos humanos.

La sociedad percibe que los policías no tienen capacitación, así como su evidente falta de seguimiento de los casos, por lo que se debe trabajar en ello y fortalecer a los ministerios públicos también con un estricto respeto a los derechos humanos. Por otro lado, la sociedad percibe que los órganos jurisdiccionales violan el debido proceso y las cárceles cuentan con escasos programas de reinserción social.

Durante su ponencia, Raúl Sapién preguntó en tono reflexivo ¿qué conductas merecen y ameritan una pena preventiva de la libertad?, las cuales deben mirar y transitar hacia los derechos humanos, la reinserción y la readaptación social. También ¿qué impacto social se va a generar y qué se va a transmitir a la sociedad con esta Iniciativa? La Amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, y si no se exige la reparación del daño, se presenta una violación a los derechos humanos.

La importancia de las violaciones al debido proceso radica precisamente en que no se deben seguir generando dichas violaciones, ya que su consecuencia es justamente la creación de este tipo de leyes.

Para concluir, Raúl Sapién, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, dijo que se debe trabajar ahora en el problema de la falta de readaptación y reinserción social; ya que liberar a las personas sin un programa es regresarlas al mismo contexto social donde se vieron obligadas a realizar estas conductas o hechos delictivos.

La mesa de diálogo fue integrada por los diputados José Luis Solorza, Vicente Onofre, Jorge Arturo Espada, Raúl Boniface, Leyda Alave, así como la presidenta Rocío Barrera Badillo, entre otros.

Esta iniciativa de ley tiene por objeto extinguir la acción penal y las sanciones impuestas a las personas sentenciadas y contra quien se pudiera ejercitar hasta la fecha de entrada de vigor de la ley los siguientes delitos: aborto, delitos contra la salud por posesión y transporte de narcóticos en los casos que se trate de personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, las personas indígenas que no hayan recibido derecho a una defensa legal en su idioma; el delito sin violencia, así como el delito de sedición sin actos penalizados de índole política por la participación en movimientos o protestas sociales.

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