Propone el Senador Ruben Rocha Moya Violar Autonomìa Constitucional del TEPJF

Propone el Senador Ruben Rocha Moya Violar Autonomìa Constitucional del TEPJF Propone el Senador Ruben Rocha Moya Violar Autonomìa Constitucional del TEPJF Propone el Senador Ruben Rocha Moya Violar Autonomìa Constitucional del TEPJF

Lo que parecía una simple amenaza a la autonomía e independencia del TEPJF, se hizo realidad este 5 de septiembre. El Senador Rubén Rocha Moya, del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa ante el Senado para que se modifique el periodo por el que fueron designados los Magistrados de la Sala Superior de ese Tribunal.

Recordemos que, en 2008, se modificó la LOPJF y se estableció el tiempo que durarían los Magistrados de la Sala Superior, conforme lo siguiente: dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.

Así, el 20 de octubre de 2016, el Senado tomó protesta a los juzgadores designados, para ejercer sus funciones según lo establecido en la señalada reforma de 2008. Los Magistrados iniciarían su mandato el 4 de noviembre de 2016.

Sin embargo, el 3 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del periodo de cuatro magistrados, para quedar de la siguiente forma: Indalfer Infante y José Luis Vargas, concluirían su encargo el 31 de octubre de 2023, mientras que Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes, dejarían de ser magistrados federales electorales el 21 de octubre de 2024. Felipe de la Mata, Mónica Soto y Janine Otálora, no vieron afectado su mandato original, es decir terminarán su encargo hasta 2025.

Como era de esperarse en ese momento, la determinación del legislativo se llevó al conocimiento de la SCJN, quien, al resolver una acción de inconstitucionalidad, decidió que la ampliación del periodo era constitucional.

El escenario que ahora se vislumbra con motivo de la reforma presentada por el Senador morenista, en el actual contexto político, no puede ser otro, más que la de una amenaza y un intento de control a la propia Sala.

Es muy claro, la CIDH tiene un criterio ya definido que establece que la independencia del Poder Judicial es una garantía reforzada y desde el punto de vista del ejercicio individual, significa que los jueces pueden ejercer de forma libre sus labores de impartición de justicia hasta que concluya el mandato por el que fueron designados.

Con esto me voy acercando al ojo del huracán: los juzgadores constitucionales deben contar con la estabilidad necesaria para impartir justicia, sin presiones ni temor de estar sujetos a una modificación posterior. Según lo ha mencionado en múltiples ocasiones la relatoría especial de la ONU, el conocimiento exacto de la duración del nombramiento de un juzgador está íntimamente vinculado a su independencia y autonomía.

La propuesta morenista que nos ocupa y preocupa en este momento, rompe el principio constitucional de seguridad jurídica al pretender reducir el periodo de mandato de cuatro magistrados electorales; hay que poner mucha atención, se trata de la mayoría de los miembros que integran el pleno.

Estamos ante un claro caso de una norma inconstitucional, porque afecta sustancialmente la decisión del Congreso de la Unión, quien estableció con anterioridad y bajo un procedimiento avalado por la SCJN, la temporalidad de estos magistrados.

Pero el asunto no se queda ahí, impacta en la franca violación al artículo 110 de la Constitución Federal, al pretenderse la reducción y remoción de magistrados, lo cual es una clara injerencia y grosera intervención a la independencia de la Sala Superior. Y aquí viene la cereza del pastel, la modificación del mandato se ocasionaría cuando los magistrados se encuentran en pleno ejercicio de sus funciones y previo a un proceso electoral histórico como el de 2021, donde se van a elegir entre otros cargos de elección popular, 15 gubernaturas.

Es muy importante que la ciudadanía distinga los dos momentos que envuelven la designación de los magistrados; en el primero, intervienen distintos órganos de los poderes; en esta etapa sí puede haber modificaciones, porque, como se dice en el argot culinario, se está cocinando la reforma y el periodo de la integración es uno de los ingredientes.

Pero, en el segundo momento, donde se hace la designación formal de los juzgadores y estos asumen materialmente su función, ya no hay cabida para la reducción de su mandato, porque estimar lo contrario, implicaría que bajo el amparo del principio de separación de funciones, se incidiera de forma directa en un órgano constitucional cuya función es trascendental para mantener el orden democrático del país, como lo es la Sala Superior.

Para cerrar con broche de oro, estaríamos en presencia de una reforma legal que se aplicaría en perjuicio directo de los magistrados, lo que vulnera otro principio constitucional que es el de irretroactividad de la ley, porque se genera un detrimento sobre el derecho, estabilidades y garantías que previamente les fueron otorgados para ejercer el cargo para el cual fueron nombrados.

Una vez superado el aspecto propiamente jurídico, y ya que justifiqué las razones por las cuales esta reforma es a todas luces inconstitucional, explico por qué esta modificación sólo puede tener una explicación desde el punto de vista político.

En efecto,

  1. Hay especial interés de Morena por reformar el Poder Judicial: en el primer año de la presente legislatura se han presentado más de 35 iniciativas que involucran al Poder Judicial.
  2. Se busca generar un ambiente hostil hacia el Poder Judicial debido a que es el único que hoy por hoy representa un contrapeso respecto al Ejecutivo.
  3. La iniciativa está construida para utilizarse como elemento de presión política en el momento necesario, justificada a partir de las últimas resoluciones del TEPJF (pérdida de registro del PES; prolongación de mandato del gobernador electo de Baja California y, la más reciente, la revocación del fallo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre la anulación de la elección de la legisladora Mónica Fernández como propuesta de ese partido para encabezar la presidencia del Senado).
  4. El interés político por encima del institucional de una iniciativa de este tipo cobra sentido y relevancia dada la coyuntura actual de lucha por espacios entre las distintas fuerzas al interior de Morena, por el proceso electoral de 2021, y por las prioridades en la agenda del presidente como, por ejemplo, la revocación de mandato. Es decir, se están generando elementos de negociación para cuando llegue el momento.

Por lo tanto, cuando lo que se busca es construir elementos de negociación, es decir, tener moneda de cambio, y no reformar de manera objetiva al Poder Judicial, se afecta a la institución vulnerando su autonomía e independencia y, por consiguiente, al país.

¿O será que Morena quiere tener magistrados a modo para las elecciones de 2021?

Lo dejo a su criterio.

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