Un mal sabor dejaron las reformas al Poder Judicial en Jalisco.

El titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura, Ricardo Suro Esteves, señaló ayer que analizarán la promoción de una controversia constitucional por desacuerdos con las modificaciones aprobadas el pasado miércoles por el Congreso local.

El magistrado presidente consideró que sería inviable la eliminación del haber de retiro o la aplicación de controles de confianza de manera retroactiva o mecanismos como la prueba del polígrafo.

«Hay cuestiones que evidentemente compartimos, otras que no tanto… habrá que analizar qué es lo que se puede hacer. No somos renuentes a analizarnos, a rendir cuentas, no nos oponemos a que seamos evaluados, pero habrá que ver la forma.

«Nosotros como Poder Judicial somos los principales garantes de la Constitución federal y los tratados internacionales, habrá que tomar una determinación colegiada por parte del pleno del Supremo Tribunal», expuso.

Suro Esteves recordó que la Suprema Corte de Justicia ya sentó jurisprudencia que avala la compensación económica que reciben cuando dejan el cargo, y también defenderán, agregó, que no hay invasión de poderes en cuanto a las evaluaciones.

Igualmente, dijo, se abrirá una discusión interna respecto a los métodos para la ratificación de jueces.

El juzgador resaltó la legislación respecto del nuevo proceso de designación de magistrados por medio de evaluaciones, así como ponderar la carrera judicial de aspirantes y la paridad de género.

«Estamos convencidos que tenemos que ser un Poder Judicial de puertas abiertas, así es como hemos trabajado… esta reforma en nada cambia nuestra postura de ser un Poder Judicial abierto», indicó.

Por mayoría, el Legislativo estatal aprobó que jueces y magistrados sean sometidos a una revisión interna patrimonial, de entorno social, examen médico, psicométrico, toxicológico y el «detector de mentiras» para mantenerse en funciones; además los diputados elegirán a quien será el órgano encargado de los controles.

Se suprimió, a su vez, la inamovilidad de jueces, pues serán certificados cada 4 años, mientras que las magistraturas ya no serán sujetas a ratificación y tendrán un solo periodo de 12 años, cuando antes eran dos de 7 y 10 años.

Una vez que la mayoría de los ayuntamientos aprueben las reformas constitucionales y se publiquen en el Diario Oficial de Jalisco, el STJE tendrá 30 días hábiles para promover una impugnación; los particulares o servidores públicos podrán recurrir a la vía del juicio de amparo contra las nuevas medidas.

Llueven amparos

Hasta 30 demandas de garantías se han presentado contra el acuerdo del Consejo de la Judicatura que canceló las listas de reservas de jueces heredadas desde la administración del ex presidente Luis Carlos Vega Pámanes.

En un par de casos ya hay suspensiones definitivas que impiden nuevos procesos para cubrir vacantes en juzgados del estado.

«Estamos dando la batalla legal, al final de cuentas se judicializó, me pesa que el Poder Judicial (Federal) no nos está apoyando con esta decisión, algunos jueces de distrito al otorgar suspensiones, cuando es de interés público la designación de jueces, no puede haber designaciones de aquí a 10 años», apuntó Suro Esteves.

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