El Congreso de Jalisco aprobó que quienes cometan actos de corrupción mayores a 16 mil 880 pesos sean inhabilitados de cargos públicos.

Funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción podrán ser sancionados con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en Jalisco.

Mediante reforma al Código Penal y Ley de Compras Gubernamentales, el Congreso local aprobó que cuando un juez determine que se incurrió en corrupción, el servidor público o persona responsable del ilícito podría quedar imposibilitado para volver a desempeñarse como funcionario o competir por contratos gubernamentales, en caso de ser proveedor.

«Va a ser una figura que se incorpora para que todo servidor público, persona o empresa que cometa un acto de corrupción, y el acto por el que es juzgado rebase las 200 UMA (16 mil 880 pesos), aplica la máxima penalidad (), mínimo 30 años de inhabilitación y máximo inhabilitación perpetua», expuso el impulsor de la iniciativa, el diputado perredista Quirino Velázquez.

De acuerdo con las modificaciones legislativas aprobadas por la Asamblea, la inhabilitación temporal o perpetua significa la suspensión de derechos para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios y obras públicas, así como el impedimento para trabajar en el servicio público.

La reforma establece que la inhabilitación será hasta por 10 años para funcionarios o particulares cuando no exista daño, perjuicio, beneficio o lucro, o cuando el monto de la afectación causada por el delito no supere las 200 UMA.

Pero cuando el daño exceda las 200 UMA, será procedente la sanción que va de los 30 años de suspensión para desempeñar puestos públicos, o inhabilitación perpetua.
Asimismo, se establece que la Fiscalía estatal deberá diseñar e implementar un Registro Único de Funcionarios y Proveedores Inhabilitados, para que estas personas no sean contratadas por entes públicos durante el periodo que se encuentren suspendidas

Martín Aquino

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