El acuerdo ministerial fue notificado oficialmente el pasado martes a Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana en Chihuahua; esta persona presentó la denuncia contra Duarte y Herrera cuando todavía se encontraban en funciones.

La Procuraduría General de la República determinó no ejercer acción penal contra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien fue denunciado penalmente en 2014 como probable responsable de los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario, en agravio de Banco Progreso.

El agente del Ministerio Público Federal también resolvió no ejercer acción penal contra Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de la mencionada entidad, quien fue señalado por los mismos actos ilícitos.

Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de César Duarte, dijo a MILENIO que a nivel federal no existe una investigación más contra su cliente por algún delito grave; salvo la acusación y orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, por un supuesto delito de peculado electoral, acto ilícito que no está tipificado como grave.

El acuerdo ministerial fue notificado oficialmente el pasado martes a Jaime García Chávez, fundador de Unión Ciudadana en Chihuahua; esta persona presentó la denuncia contra Duarte y Herrera cuando todavía se encontraban en funciones.

Hace unos meses, el denunciante rechazó la propuesta de postularse para integrar el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de la citada entidad.

En el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 derivado de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público Federal comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, sometió la propuesta de no ejercicio de la acción penal contra César Duarte y el ex secretario de Hacienda estatal.

Duarte aún enfrenta acusaciones en el orden local, presentadas por el gobierno de Javier Corral, donde se han librado 11 órdenes de aprehensión en su contra por un presunto desvío de recursos de las arcas del estado, aunque su defensa ha manifestado que todo se trata de una persecución política.

Redacción de Milenio

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