El dirigente nacional del PAN dijo que en el informe de la Auditoría Superior de la Federación se señala a la Sedesol de por lo menos tres casos, por lo que exigió una investigación profunda.

La coalición Por México al Frente aseguró que el candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, «es cómplice o actuó de manera directa en el desvío de más de mil millones de pesos cuando fue titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)».

Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, expuso que luego de revisar el informe de la Auditoría Superior de la Federación de 2015, encontraron que «la máxima instancia fiscalizadora» señala a la Sedesol responsable de por lo menos tres casos donde se implica desvío de recursos.

«Luego de revisar el informe de la Cuenta Pública 2015 encontramos tres casos y de los cuales exigimos una investigación más profunda y se deslinden responsabilidades pues el candidato del PRI, Verde y Nueva Alianza, está inmiscuido en su carácter de secretario, del 28 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016, no sólo como cómplice, sino que participó de manera directa en estos desvíos de recursos públicos», apuntó.

Explicó que el primero de ellos tiene que ver con un desvío de recursos a la Universidad Politécnica de Chiapas.

«El 29 de octubre de 2015 se emitió un pago por la secretaría a su cargo por 400 millones de pesos a la Universidad Politécnica de Chiapas, la cual supuestamente brindaría diversos servicios, sin embargo, en el informe de resultados correspondiente a la auditoría de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior se puede leer textualmente en la página 34 que la Sedesol no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha universidad», dijo.

Agregó que «el informe dice textualmente que presumen un probable daño o perjuicio patrimonial por 400 millones de pesos ya que la universidad subcontrató los servicios a empresas que no han podido demostrar la realización de los trabajos y servicios». De hecho, acotó, la ASF, menciona que «hay un presunto daño al erario público».

Respecto a la segunda prueba, el presidente del PAN, quien estuvo acompañado por Ángel Ávila, secretario general del PRD, y Alejandro Chanona, de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, además de varios legisladores del las tres fuerzas políticas, mencionó que se trata de un daño patrimonial por 611 millones de pesos.

«Son tres de ellos por un monto total de 611 millones de pesos que suscribió la Sedesol con las universidades de Nezahualcóyotl, la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del sur del Estado de México. Estos convenios son señalados por la Auditoría Superior de la Federación de simular servicios, pues se encuentran irregularidades que implican a Meade».

Relató que los convenios originales fueron falsificados y modificados ilegalmente para ajustar la fecha de terminación del contrato antes del ingreso de Meade Kuribreña a la Sedesol, de acuerdo al informe de Cuenta Pública de 2015 de la ASF en su página 12.

«Encontró que se sustituyeron de manera ilegal las páginas 9 y 10 de los tres convenios con las universidades señaladas con el objetivo de modificar la fecha de terminación de éstos al 31 de agosto, en lugar de 30 de noviembre como estaban estipulados los originales, es decir, de mala fe y sin un convenio modificatorio se cambió la fecha de terminación para que cuadrara antes de que Meade fuera secretario y dejarlo fuera del esquema de ese señalamiento de responsabilidades».

No obstante, «los alcanzó la realidad pues se encontró con que los convenios que tenía la contraparte no cuadraban, además de que debieron terminar de pagar esos contratos y para ello, ya con Meade en la Sedesol se amplió en 62 millones de pesos una partida presupuestal para terminar de pagar el contrato fuera de la fecha que ellos decían que ya había concluido».

En cuanto al tercero, el panista refirió que en el informe de la Cuenta Pública de 2016 da cuenta de un contrato que firmó la Sedesol con la Universidad de Zacatecas por 70 millones de pesos y la ASF señala distintos casos de responsabilidad por diversas cantidades para dar un total de 70 millones de pesos, recurso que no se puede comprobar que fue utilizado en servicios prestados y se observa un caso también de subcontratación.

Ante ello, Zepeda Vidales dijo que el Frente tiene dos exigencias que deben ser cumplidas.

«Si ya concluyó el proceso del informe de la Cuenta Pública 2015, que se informe a la ciudadanía qué ha pasado con las denuncias que debieron haber derivado de la responsabilidad y señalamientos en el informe y para ello varios de nuestros legisladores irán a la Auditoría Superior de la Federación a exigir que sea del conocimiento público, qué ha sucedido con esas responsabilidades detectabas de la Cuenta Pública 2015 y dónde están las denuncias y que actuación ha tenido la Procuraduría General de la República en la materia.

«En el caso de 2016, que se informe con puntualidad a qué empresas o personas físicas contrató, las cuales sólo se señalan como empresa ‘A’, ‘B’ y así sucesivamente. Queremos saber exactamente a quién se contrataron, y tenemos derecho los mexicanos, para así conocer si son verdaderamente empresas que existen o fantasmas».

Aseveró que los voceros del candidato del PRI, Verde y Nueva Alianza han hecho hasta lo imposible por evitar que se hable del estos informes.

«No es casualidad que el mismo día que se presentó el informe empiezan acusaciones hacia los opositores. No es casualidad que se inventen cortinas de humo y cajas chinas. No quieren que se conozca y que se debata en la opinión pública los resultados de estos informes, pero sí atacan con acusaciones falsas. Nuestro candidato, Ricardo Anaya, es el político más honesto que conocemos», finalizó.

Redacción Milenio

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