“El gobierno mexicano controla los medios de comunicación” New York Times

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En los últimos cinco años, el presidente Enrique Peña Nieto gastó casi 2000 millones de dólares en publicidad. Alejandro Cegarra / Bloomberg

CIUDAD DE MÉXICO — Dirigir un periódico, una estación de radio o un canal de televisión en México generalmente significa confiar en un cliente único y poderoso que gasta sumas exorbitantes en publicidad con una simple advertencia: “No te pago para criticarme”.

Ese cliente es el gobierno mexicano.

La gestión del presidente Enrique Peña Nieto ha gastado cientos de millones de dólares anuales de los fondos gubernamentales en publicidad, creando lo que muchos propietarios, ejecutivos y periodistas mexicanos definen como una gigantesca marca presidencial que puede suprimir artículos de investigación, escoger portadas e intimidar a las salas de redacción que lo desafían.

A pesar de su promesa de regular la publicidad gubernamental, Peña Nieto ha gastado más dinero en publicidad que ningún otro presidente en la historia de México, casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de transparencia. Esa organización reveló que la actual presidencia gastó más del doble del generoso presupuesto de medios que los legisladores mexicanos le aprobaron para 2016.

Y eso solo es el dinero federal.

Cada año los líderes de todos los partidos políticos recaudan cientos de millones de dólares en dinero estatal para publicidad, unos recursos que distribuyen entre sus medios de comunicación favoritos, según calcula Fundar. Según los ejecutivos y editores involucrados en las negociaciones, algunos secretarios de prensa del gobierno les exigen abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario.

El resultado es un panorama mediático en el que los funcionarios federales y estatales dictan las noticias de forma rutinaria, exigiéndole a los medios qué es lo que deberían y lo que no deberían informar, según docenas de entrevistas con ejecutivos, editores y periodistas. Los reportajes contundentes a menudo son suavizados o se posponen indefinidamente, si es que llegan a investigarse. Dos tercios de los periodistas mexicanos admiten que se censuran.

“Si un reportero profesional quiere cubrir los elementos sucios de lo que está sucediendo en el país, ni el gobierno ni las empresas privadas le darán un centavo”, dijo Enrique Krauze, un historiador que dirige Letras Libres, una revista mexicana que, entre sus anunciantes, también recibe algo de dinero del gobierno. “Ese es uno de los mayores defectos de la democracia mexicana”.

El partido de Peña Nieto, el PRI, fue pionero en la implantación de este sistema durante sus 70 años en el poder. El expresidente José López Portillo expuso explícitamente las expectativas del gobierno hace décadas, incluso fue citado diciendo que no le pagaba a los medios para que lo atacaran, y la práctica continuó cuando la oposición ganó la presidencia en 2000, y nuevamente en 2006.

Pero la influencia del gobierno sobre los medios va más allá del aspecto publicitario y, a veces, los funcionarios recurren al soborno directo. En Chihuahua, el exgobernador gastó más de 50 millones de dólares en publicidad, según los funcionarios, dejando al estado con enormes deudas públicas. Sin embargo, esa es la cifra que se manejó oficialmente.

Los fiscales también han conseguido recibos firmados con sobornos a periodistas locales, pagos tan comunes que incluso algunos reporteros fueron incluidos como contratistas del gobierno, según los documentos. Los fiscales sostienen que, con tanta cantidad de dinero oficial circulando, surgieron sitios web de noticias con el único propósito de apoyar la agenda del exgobernador.

“La relación entre los medios y el poder es uno de los problemas más graves de México”, dijo Javier Corral, el nuevo gobernador de Chihuahua. “Existe una colusión, un acuerdo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos para recompensar o castigar a los medios. Es una zanahoria y el palo: ‘Compórtate bien y te daré mucho dinero y publicidad. Actúa mal y te los quitaré’”.

Dependencia de la publicidad pública

Lea un periódico, sintonice una estación de radio o encienda la televisión en México y recibirá una avalancha de publicidad oficial. En algunos diarios, casi cualquier página es usada para publicar avisos que promueven alguna secretaría gubernamental. A veces, se destina tanto tiempo al aire a venerar el trabajo del gobierno como a cubrir las noticias.

Este gasto extraordinario se produce en un momento en que el gobierno mexicano está recortando los presupuestos en general, incluidos los de salud, educación y servicios sociales. El gobierno federal gastó tanto dinero en publicidad el año pasado, alrededor de 500 millones de dólares, como lo hizo para apoyar a los estudiantes de su principal programa de becas para las universidades públicas.

Según los historiadores, la cooptación de los medios de comunicación es más importante que el gasto de cualquier otro gobierno en promoción. Refleja la ausencia del pacto básico que la prensa libre establece con sus lectores en una democracia, un compromiso en el que responsabilizar a los poderosos forma parte de su misión.

“Es un problema común en el mundo en desarrollo pero el problema es mucho, mucho más grave en México”, dijo David Kaye, representante especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión. “Es notable lo que gasta el gobierno”.

La mayoría de los medios han dependido de la publicidad pública durante tanto tiempo que no sobrevivirían sin los aportes del gobierno, lo que le otorga a los funcionarios una gran influencia para presionar sobre la cobertura de ciertas noticias y dejar a un lado otras informaciones, dicen los analistas, reporteros y dueños de medios.

“Este es un problema económico”, dijo Carlos Puig, columnista del periódico Milenio, un diario que recibe fondos del gobierno sustanciales. “El modelo estadounidense clásico no existe aquí”.

El año pasado, estalló una protesta pública luego de que un alto funcionario del gobierno fue a las oficinas de Milenio para quejarse por una noticia. El artículo, que criticaba una iniciativa nacional contra el hambre, fue retirado del sitio web del periódico inmediatamente después de la visita.

La noticia volvió a ser publicada más tarde, con un titular mucho menos negativo. El periódico dijo que la razón era simple: el artículo era “deplorable”, un intento inexacto y “vulgar” de difamar a un funcionario por lo que se disculpaban con sus lectores. Pero los periodistas y defensores de la democracia, citando el poder de la publicidad del gobierno, se quejaron y el periodista renunció en señal de protesta, alegando que había sido censurado. Finalmente, el título original fue restaurado.

La interferencia gubernamental directa, a menudo es innecesaria. Un 68 por ciento de los periodistas mexicanos dijeron que se censuraban, no solo para evitar ser asesinados, sino también por la presión de los anunciantes y el impacto en los ingresos de los medios, según un estudio realizado a lo largo de tres años por académicos mexicanos y estadounidenses.

El funeral de Javier Valdez Cárdenas, un periodista premiado que fue asesinado a balazos en mayo. En México, la violencia contra la prensa es generalizada. Hector Parra / Agence France-Presse – Getty Images
Francisco Pazos trabajó durante varios años en Excélsior, uno de los periódicos más grandes y antiguos de México. Cuenta que uno de los momentos más frustrantes de su carrera sucedió a fines de 2013, cuando el gobierno estaba en medio de una lucha para aumentar el costo del pasaje en el transporte público.

Pazos dijo que trató de explorar en detalle la ira de los pasajeros, hasta que un editor lo detuvo, diciéndole que el periódico ya no cubriría la controversia.

“Llegué a entender que había temas que simplemente no podía cubrir”, dijo Pazos. “Y, finalmente, dejé de buscar ese tipo de noticias. Finalmente, tú mismo te conviertes en parte de la censura”.

Muchos propietarios y directores de medios dicen que tienen tan pocas fuentes independientes de ingresos aparte del gobierno que se enfrentan a una dura elección: asfixiarse por la falta de recursos o sobrevivir como cómplices de su propia manipulación.

“Por supuesto, el uso del dinero público limita la libertad de expresión, pero sin ese dinero público no habría medios en México”, dijo Marco Levario, director de la revista Etcétera. “Todos somos cómplices en eso”.

El modelo significa que algunos medios de comunicación apenas pueden permitirse mantener sus propios principios. Hace veinte años, el diario La Jornada era uno de los más apreciados en el país, una voz crítica y una lectura obligada para los intelectuales y activistas que caminaban por la ciudad con el periódico bajo el brazo.

Pero los años no han sido amables con ese diario. Hace unos años, estaba muy cerca de la ruina financiera. Luego, el gobierno intervino rescatando la publicación con más de 1 millón de dólares en publicidad oficial y, según los críticos, afectando en el proceso la independencia editorial.

“Ahora se adueñaron de ellos”, dijo Levario. “El periódico ha sido como un portavoz del presidente”.

Otros vínculos comerciales unen a los medios de comunicación con el gobierno. Muchas empresas de medios forman parte de conglomerados más grandes que construyen carreteras u otros proyectos públicos. La misma persona propietaria de Grupo Imagen —una organización que tiene estaciones de radio, canales de televisión y varios medios impresos— también es propietaria de Prodemex, una importante empresa de construcción. Ha ganado más de 200 millones de dólares en los últimos cinco años con la construcción de instalaciones gubernamentales y desempeñará un papel importante en la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Tanto La Jornada como Grupo Imagen, que es la empresa matriz de Excélsior, no respondieron a las repetidas solicitudes de entrevistas para este trabajo.

 

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