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Tres meses bastaron para que concluyera el tiempo de amnistía en relación a las multas de tránsito. El director de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Toluca, Arturo Michellet Hernández Flores, junto con 60 elementos de su corporación dieron inicio a ejercicio discrecional de las facultades de las autoridades de “seguridad pública y tránsito”, que cosa curiosa después de un proceso electoral de suma importancia para el Estado de México un municipio vestido de tres colores emblemáticos y tradicionales comienzan de forma feroz ahora si la aplicación del reglamento de tránsito que a cabalidad debemos conocer los gobernados.

¿Serán cuestiones de generación de ingresos para el municipio de Toluca?

Ya se tienen ciertos antecedentes respecto a la constitucionalidad o no de las multas impuestas por este tipo de autoridades administrativas, cierto es que generan un descontrol al ser permisivos y consecuentes en tiempos electorales y de coacción del voto, sin embargo, en épocas de la segunda mitad del periodo municipal, ahora si a ponerse a trabajar como se debe.

Ante la falta de un mandato constitucional para establecer multas proporcionales, la Suprema Corte sostuvo que las multas eran contrarias al artículo 22 de la Constitución Federal pues, al aplicarse a todos por igual, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.

A la luz de este criterio se resolvieron tanto de juicios de amparo como controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

La primera resolución de la “novena época” en que se sostuvo este razonamiento fue el amparo en revisión 2071/93, promovido por Grupo de Consultores Metropolitanos, sociedad anónima de capital variable, resuelto por unanimidad de votos el 24 de abril de 1995.

En ese asunto matriz se partió́ de la base de que la multa excesiva era una sanción susceptible de ser decretada tanto en materia penal como en administrativa. Se consideró́ que, si la Constitución prohíbe esas sanciones en el ámbito penal, que es el más drástico, con mayor de razón debían quedar prohibidas en los ilícitos administrativos.

Sentado que la Constitución prohíbe las multas excesivas en el ámbito del derecho administrativo sancionador, ese tribunal se enfrentó́ a la problemática de que la prohibición constitucional no define lo que debe entenderse por multas excesivas. Al respecto, consideró necesario acudir a los conceptos de proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la propia carta federal. A partir de estas nociones, se dijo que una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito y cuando va más adelante de lo lícito y lo razonable.

En este orden de ideas, sostuvo que una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos. Por ello, se indicó́ que para cumplir con este mandato constitucional debía establecerse en la ley la posibilidad de que la autoridad facultada para imponerla, en cada caso, determinase su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, en su caso, en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así́ determinar individualmente la multa que corresponda.

A partir de este criterio, el Alto Tribunal consideró que el establecimiento de multas fijas es contrario a estas disposiciones constitucionales, pues al aplicarse a todos por igual, de manera invariable y no exigible, propicia excesos autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.

En este razonamiento se vislumbra que la proporcionalidad es criterio informador de la noción de multa excesiva. Aunque no lo dijo la Corte, puede estimarse que la prohibición constitucional del establecimiento de multas excesivas conlleva implícito un mandato de instituir multas proporcionales.

En efecto, la excesividad es un concepto relacional en tanto que únicamente se entiende en concordancia con algo. Una sanción no es excesiva consigo misma, sino que se entiende que tiene este carácter solamente cuando sobrepasa una medida. Lo excesivo evoca la falta de condición de proporcionalidad de un ente respecto a otro en un margen: mientras que exceso es lo que sobrepasa un límite superior de la medida, lo proporcional es lo que se ajusta a ésta. Por ello, lo contrario a la excesividad es la proporcionalidad.

Así́ pues, la Constitución Federal, al prohibir la multa excesiva, implícitamente está mandando que se trate de forma proporcional, en tanto esta última noción es antípoda de la primera. De esta forma, el artículo 22 constitucional contiene implícitamente el principio de proporcionalidad de las multas.

Como conclusión, si bien es cierto que la autoridad administrativa “seguridad pública y tránsito municipal” cuenta con facultades referidas al ejercicio de estas mismas y que pueden tener como resultado las sanciones mejor conocidas como “multas de tránsito”, ya no es curioso ni sorprendente que esto mismo lo haga la autoridad municipal para generar ingresos que con mucho ánimo y entusiasmo espero sean aplicados para los fines correspondientes a su mandato como Gobierno Municipal y no para enriquecimiento de las arcas de los mismo de siempre.

Por: ALFONSO VELAZQUEZ FABELA

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