El espionaje del gobierno de México llegó hasta un equipo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encontraba en el país para colaborar con la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Aytozinapa en septiembre de 2014, informó The New York Times basado en una investigación de la organización canadiense Citizen Lab.

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La desaparición forzada de los jóvenes en el municipio de Iguala, Guerrero, quienes presuntamente fueron entregados a narcotraficantes, es considerado uno de los casos emblemáticos a nivel internacional sobre la impunidad que persiste en México.

En junio, bajo el lema #GobiernoEspía, periodistas, activistas y defensores de derechos humanos víctimas de espionaje denunciaron la utilización de un software llamado Pegasus, comercializado por una empresa llamada NSO Group que lo vende sólo a gobiernos para espiar a delincuentes o terroristas.

De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), como se le llamó al grupo del a CIDH, recibió en su móvil mensajes de texto con un hipervínculo que escondía el programa espía Pegasus.

La investigación del Citizen Lab confirmó que un teléfono perteneciente al GIEI recibió mensajes de texto a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de sobre su investigación.

Ese teléfono del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al funcionar como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el gobierno de México.

«Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje», asegura el diario norteamericano.

Los integrantes del GIEI aseguran haber recibido mensajes SMS idénticos en todos sus móviles, que los invitaban a darle clic a un enlace que, de manera secreta, convierte el teléfono en un aparato de espionaje al posibilitar el monitoreo de las llamadas, los correos, los mensajes de texto, calendarios, contactos y hasta la cámara y el micrófono.

Uno de los mensajes parecía haberse enviado desde el 55 52 89 94 27, el mismo número usado en los intentos de hackeo enviados a la periodista mexicana Carmen Aristegui, en al menos tres ocasiones en febrero del año pasado.

«No estás interviniendo el teléfono de cualquiera, sino de alguien que tiene inmunidad», señaló el abogado chileno Francisco Cox, uno de los integrantes del grupo. «No podían ni siquiera revisar mis maletas en el aeropuerto».

«Si esto le puede suceder a un órgano independiente que tiene inmunidad y que fue invitado por el mismo gobierno, da miedo pensar qué le podría pasar a un ciudadano común en México», agregó Cox en declaraciones reproducidas por el rotativo.

Otra investigación internacional

El descubrimiento fortalece la propuesta de distintos sectores para que se nombre una comisión internacional que investigue el tema del espionaje por parte del gobierno mexicano.

«A primera vista, el caso es suficientemente serio como para justificar la creación de una comisión internacional», dijo James Cavallaro, comisionado de la CIDH.

El análisis revela que los mensajes SMS llegaron al teléfono del secretario ejecutivo del GIEI entre el 1 de marzo y el 4 de marzo de 2016, fechas en la que otros involucrados en el tema, como la ONG más activa en el caso Ayotzinapa, también fueron víctimas de espionaje.

«El gobierno mexicano urgió a la comisión a que creara este grupo de expertos y cuando su investigación no ratificó la versión oficial –sobre la desaparición de los 43-, las cosas cambiaron», dijo Cavallaro, quien era presidente de la CIDH cuando se dieron los intentos de hackeo. «Si es cierto que el gobierno espió o intentó espiar a nuestros expertos, sería una atrocidad de proporciones históricas».

Un mensaje enviado en marzo a uno de los integrantes del GIE venía presuntamente de un amigo cercano cuyo padre acababa de fallecer. Le enviaba un enlace con los detalles del funeral y cuando lo abrió lo envió directo al sitio web de una casa funeraria en México.

Otro mensaje muy similar, con el enlace al mismo sitio web, fue recibido el año pasado por un académico que impulsaba un impuesto a los refrescos en México. En este caso se confirmó que el mensaje contenía el software Pegasus.

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El GIEI estuvo integrando por cinco expertos nombrados por la CIDH, quienes durante seis meses investigaron la desaparición de los normalistas. Su mandato por seis meses no fue renovado luego de que desmintieran la versión oficial del gobierno de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero.

El FBI ofreció a México ayuda para investigar los casos de espionaje, pero según la embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, hasta ahora no ha habido respuesta por parte del gobierno de Peña Nieto.

Más tarde, el gobierno de México emitió un comunicado en el que invitó a los afectados por el presunto espionaje a presentar una denuncia «que facilite las acciones en materia de procuración de justicia».

Según el comunicado, el gobierno de Peña Nieto rechaza cualquier atentado a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad de las personas.

Redacción Infobae 

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